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La Verdad Acerca de la Exclusión de un Miembro de Familia en las Pólizas Automotrices de Texas

En algún momento la mayoría de las pólizas de seguro automotrices de Texas incluían lo que se llamaba “exclusión de miembro de familia” el cual anula la responsabilidad de cobertura de cualquier demanda hecha por un miembro de familia en contra de otro miembro de familia. Esta exclusión fue incluida en esas pólizas basado en el argumento de la industria de seguros que proporcionar cobertura por demandas hechas por familiares en contra de familiares motivarían a fraude y colusión. En realidad, la cobertura excluye a esa clase de individuos que seguramente se lesionaron, además de usted, en una colisión de automóviles – otros familiares. Fue en este fondo que la Suprema Corte de Texas, en 1993, tomó el asunto de que la exclusión de un familiar en el caso de National County Mutual Fire Insurance Co. V. Johnson, 879 S.W.2d 1 (Tex. 1993).

En Johnson, la camioneta de un titular de una póliza chocó con otro automóvil. Su esposa, pasajera de la camioneta, fue lesionada y subsecuentemente levantó una demanda en contra de él por negligencia. Id. El titular de la póliza de seguro, sin embargo, negó su petición para una defensa, diciendo que la “Enmienda 575”, una cláusula de exclusión de un miembro de familia, imposibilitó la cobertura para una demanda por responsabilidad levantada por un miembro de la familia como su esposa. Id. El titular de la póliza levantó una acción de juicio declaratorio para determinar sus derechos bajo la póliza, mientras que el asegurador contra demandó, pidiendo a la corte determinar si la Enmienda 575 era válida bajo la ley de Texas. Id.

Una apelación de un fallo adverso en el tribunal de primera instancia en contra del asegurador, la Suprema Corte de Texas sostiene que la exclusión del familiar pretendida para negar una demanda de un familiar dentro de los límites de seguro de responsabilidad mínima de la ley de Texas, dicha exclusión fue inválida:

  • Aquí, la aprobación de la Junta de la exclusión del familiar resulta en una situación en la cual un demandante por daños resultantes de un accidente automotriz no se le permite recuperar daños bajo la póliza del seguro de responsabilidad automotriz que la legislatura requirió para proteger dichos demandantes por sus pérdidas. La exclusión previene a una clase específica de víctimas inocentes, esas personas relacionadas y viviendo con el conductor negligente, de recibir protección financiera bajo una póliza de seguro. Dicho resultado es claramente contrario al mandato legislativo. La acción de la Junta en aprobar una exclusión de un familiar proporcionado para dichos escenarios es inconsistente con el propósito estatutario de la Acta, y por esto su aprobación de la exclusión en inefectiva.

Id. at 3

Por lo tanto, en Texas un familiar puede levantar una demanda en contra del seguro de responsabilidad del vehículo motor de un pariente por lesiones recibidas en un accidente de vehículo de motor causado por la negligencia del familiar hasta el límite de responsabilidad mínimo proporcionado bajo la ley de Texas – actualmente $30,000 por cada persona lesionada, hasta un total de $60,000 por accidente, y $25,000 por daño a la propiedad por accidente. A pesar del hecho de que aunque hoy los aseguradoras intentan negar las demandas en su totalidad bajo la exclusión de ley familiar. Entonces ármese con la verdad, y esté consciente de que aunque sus lesiones de un accidente automotriz fueron causadas por la negligencia de un familiar, cobertura de 30/60/25 todavía está disponible para usted por ley.

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Entonces, la Compañía de Seguros no lo trata justamente… ¿Ahora qué?

By Texas Personal Injury Attorney, Scott Robelen

Usted ha sido lesionado en un accidente de carro que no fue su culpa. Tiene facturas médicas aplicadas, ha tomado tiempo en su trabajo por sus lesiones y porque tiene que ir a tratamiento y ha experimentado un gran dolor físico y drama emocional.

Siente que la compañía de seguros lo puede tratar justamente y entonces trata de llegar a un acuerdo con su demanda usted solo, únicamente para encontrarse que a la compañía de seguro no le importa usted. Usted contrata a un abogado para que lo guíe en el proceso de las demandas y todavía la compañía de seguros se niega a pagar lo que usted considera en cualquier estándar moral, lo justo. ¿Qué es lo que sabe? La única respuesta: Bienvenido a la Litigación.

Litigación es el proceso de perseguir su demanda en contra del otro conductor a través del sistema de corte. No se equivoque, no es proceso fácil ni placentero para ninguna de las partes involucradas. El primer paso en el proceso es confirmar los hechos del accidente, la naturaleza y la extensión de su cuidado médico y la extensión de sus pérdidas monetarias, incluyendo cuentas médicas e ingresos perdidos. Una vez que el demandado apropiado haya sido identificado, una demanda es preparada a su nombre, y empezamos los esfuerzos de localizar al demandado para que podamos servirlo con la demanda.

Usted tiene aproximadamente 60 días en el proceso de litigación. La compañía de seguros de demandado contrata a un abogado para que represente al otro conductor y responde a la corte esencialmente negando todos sus alegatos. A este punto, el caso está en cuestión.

Junto con contestar negando su demanda, el abogado del demandado le enviará un pedimento de descubrimiento por escrito. Estos consistirán en pedimentos para revelar documentos, interrogatorios y producción de documentos.

Las revelaciones que usted tendrá que contestar informarán al demandado la naturaleza exacta de sus demandas, la extensión de daños monetarios que usted está clamando y todas las personas que usted piensa testificarán a su nombre cuando este caso esté frente a un jurado eventualmente.

Los interrogatorios son una serie de preguntas escritas acerca de la naturaleza y extensión de su demanda, la naturaleza y extensión de sus lesiones, su historial médico, su historial de demandas previos, y hasta cierto punto lo más de su historia personal incluyendo historia educacional y cualquier historia criminal que pueda tener.

La petición de producción de documentos es la oportunidad del demandado para obtener de usted cualquier documento que usted intente utilizar en el juicio de este caso, incluyendo facturas médicas, historial médico, reportes policiacos, fotografías y cualquier otro documento escrito o grabado que usted pueda pensar que puede ser de ayuda en el juicio. Por supuesto, el personal de litigación en Bailey & Galyen lo ayudará en cada paso del camino en responder todos los pedidos del demandado de descubrimiento por escrito. Al mismo tiempo enviaremos peticiones similares para descubrimiento al otro conductor que contestarán con la ayuda de su abogado.

Usted ya tiene 4 meses en el proceso de litigación. En este punto, algunas cortes nos permitirán pedir una fecha para el juicio, el cual generalmente será de 9-12 meses de la fecha de nuestra petición. En la mayoría de otras instancias, la corte nos asignará una fecha de juicio a su conveniencia, la cual, otra vez, será generalmente entre 9-12 meses del momento de que el descubrimiento por escrito haya sido completado.

Durante el tiempo que lleva al primer juicio de su caso, sus abogados estarán ocupados recaudando sus facturas médicas, records y evidencia de salarios perdidos en forma admisible. Vea, no podemos simplemente enseñarle sus cuentas médicas al jurado. Las cuentas médicas y los records tienen que ser verificados por un afidávit de cada uno de sus doctores. Dependiendo de cuantos doctores haya visto, este proceso de llevará hasta 6 meses y el costo entre $1,500 y $3,000.

Al mismo tiempo, su administrador de caso estará programando las declaraciones juradas de las partes y los testigos en caso. Las declaraciones juradas son un proceso a través el cual cada parte puede saber qué es lo que la otra parte va a decir en el juicio. Usted estará al lado de su abogado en una de nuestras salas de conferencia, en la presencia de un reportero de corte y será puesto bajo juramento de decir la verdad y nada más que la verdad. Usted será interrogado por el abogado de la otra parte acerca de cualquier cosa de su historia pasada personal hasta su cuidado médico y condición actual y todos los hechos y circunstancias alrededor no solamente de este accidente pero de cualquier otro accidente que usted pudo haber tenido en su vida entera. Usted será preparado para su declaración jurada por su abogado un poco antes de que su declaración jurada sea programada. Es un simple, pero importante proceso en su demanda. Por supuesto, el otro conductor será también interrogado completamente por su abogado acerca de su versión del accidente. Adicionalmente, cualquier otra persona que haya dicho que testificó el accidente será también sujeto a la misma interrogación para que su testimonio puede ser leído en el juicio por su caso.

Usted ya tiene 8 meses o más en el proceso de litigación. Usted tiene una fecha de juicio en los siguientes de 6 a 12 meses. Sin embargo, antes de que la corte le permita tratar su caso ante un jurado, la corte le requerirá que atienda a una mediación. La mediación es simplemente una conferencia informal de acuerdo llevada a cabo en la oficina de otro abogado, conocido como mediador. El mediador, generalmente determinado por el Juez no tiene el poder para forzar a las partes a un acuerdo. El mediador simplemente discutirá los pros y los contras de su caso con usted en la presencia de su abogado y verá si hay terreno neutral entre usted y la compañía de seguros en términos de un acuerdo. Al final del día, si la compañía de seguros le hace una oferta con la cual puede usted vivir, aunque no esté completamente feliz con ella, el caso será resuelto y no se requerirá más litigación. A usted se le pagará dentro de 2 a 3 semanas después de la mediación, y todas sus cuentas médicas serán pagadas en forma de la cantidad del acuerdo.

Después de una mediación no exitosa, usted notará una disminución de actividad en su caso. Esto es simplemente porque estamos esperando nuestra fecha asignada para juicio. Los juicios generalmente empiezan en un Lunes pero desafortunadamente, no sabemos hasta el Jueves antes del Lunes si seremos llamados para juicio o no. La razón de esta incertidumbre es porque las cortes ponen entre 5-10 casos para juicio cualquier Lunes sabiendo que la mitad de esos casos llegarán a un acuerdo, y algunos de esos casos no estarán listos para juicio. Generalmente, el caso más viejo en las cortes es el que está listo para juicio y es el que es llamado. Otra vez, no sabremos si seremos llamados para juicio hasta el Jueves antes del Lunes antes del juicio.

Hay una gran probabilidad que usted no será llamado para juicio en su primera o hasta su segunda programación de juicio. Esto le parecerá que nada está pasando en su caso y usted puede estar correcto. Simplemente estamos esperando para la siguiente programa de juicio porque todos el trabajo de su caso se ha hecho y el caso está listo para juicio. Una vez que el caso es llamado a juicio, su abogado se reunirá con usted el Viernes antes del juicio para prepararlo para testificar. El siguiente Lunes se reunirá con su abogado 30-45 minutos antes del juicio y el juicio empezará ante un Juez asignado.

Como el proceso de litigación, el proceso de juicio consiste en varias partes. Primero, el Juez y los dos abogados tendrán una conferencia antes del juicio para discutir evidencia del juicio y otros asuntos del procedimiento. Después de eso, los jurados para su caso serán llamados a su salón de corte y los abogados tendrán la oportunidad de cuestionar a los jurados potenciales para escoger a un jurado de entre 6 y 12 jurados imparciales. Una vez que el jurado es sentado, normalmente alrededor de la hora de la comida, las declaraciones de apertura son dadas para cada lado. Después de las declaraciones de apertura, la corte toma el testimonio, incluyendo su testimonio, acerca del accidente y la naturaleza y extensión de sus lesiones y daños. Muchas veces su doctor será llamado para testificar acerca de la naturaleza du sus lesiones así como cualquier gasto médico futuro que puede esperar como resultado del accidente.

Después de dicho testimonio, la defensa tiene una oportunidad de presentar su lado a través del testimonio del demandado y otros testigos que quiera llamar. Una vez que hayan hecho esto, ambos lados descansan y cierran su caso y las instrucciones de las cortes serán leídas en voz alta al jurado. El jurado toma las instrucciones escritas al salón de jurado donde el jurado deliberará y decidirá dos preguntas: Fueron una o las dos partes negligentes en causar el accidente; y cuál es la naturaleza y extensión de los daños a los cuales el demandante tiene derecho. Si el jurado encuentra que el demandado, el otro conductor fue negligente en causar el accidente y le otorga su dinero, un juicio será rendido a su favor por la cantidad de daños que el jurado ha encontrado que usted tiene derecho. La compañía de seguro finalmente será requerida a que pague lo que el jurado haya decidido que usted tiene derecho.

Como puede ver la litigación es un proceso muy largo. Es un proceso muy estresante desde el principio hasta el final y no es un proceso placentero para nadie. Al final es si usted puede resolver su caso en contra del otro conductor y su compañía de seguro por la cantidad de dinero que usted pueda vivir, aunque usted piense que no es justo, está en su mejor interés que lo haga. Sin embargo, en otras circunstancias donde la compañía de seguro simplemente se niega a pagarle por lo que usted piensa es razonable, nuestros abogados en litigación en el despacho jurídico de Bailey & Galyen están listos, y pueden enfrentarlo por usted y tomar su caso desde el comienzo hasta el final de todo el proceso de litigación para obtenerle la justicia que merece.

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Quién Tiene una Demanda cuando alguien es injustamente asesinado

Cuando una persona es asesinada injustamente en Texas dado a la culpa de otra persona, compañía o producto defectuoso la ley proporciona dos tipos de demandas que pueden ser llevadas. La primara es una demanda por “muerte imprudencial” la cual puede ser llevada por el cónyuge sobreviviente, padres e hijos del difunto. Los hermanos y otros familiares quizá no puedan levantar una demanda. Los daños que se pueden recuperar en una demanda por muerte imprudencial incluyen “pérdida pecuniaria” (pérdida del cuidado, mantenimiento, apoyo, servicios, consejo, y contribuciones de naturaleza monetaria que el sobreviviente podría haber recibido del difunto), “pérdida de compañía y sociedad” (como pérdida de amor, comodidad, y compañía que el sobreviviente sufre), “angustia mental” (dolor emocional, tormento y sufrimiento) y “pérdida de herencia”. Por supuesto que la persona levantando una demanda por muerte imprudencial tiene que tener evidencia de estos daños. Aunque es virtualmente imposible poner un valor de dólar en algunas de estas cosas, a los jurados en casos de muerte imprudencial se les pide hacerlo.

El segundo tipo de demanda que puede ser llevada en Texas cuando alguien muere injustamente es una “demanda de sobrevivencia”. Esta demanda puede ser llevada por el testamentario o herencia del difunto o un representante de la herencia. Los daños que pueden ser recuperados incluyen el dolor y angustia mental que el difunto experimentó antes de la muerte, gastos médicos para el tratamiento de las lesiones del difunto y gastos de funeral y entierro. Cuando una persona muere instantáneamente en un accidente y no incurre in gastos médicos, una demanda de sobrevivencia es limitada a los gastos de funeral y entierro. Por otro lado, si el difunto experimentó sufrimiento antes de su muerte, entonces los daños por dolor y angustia mental pueden ser concedidos.

Daños ejemplares o punitivos pueden ser recuperados tanto en demandas de sobrevivencia y de muerte imprudencial si hubo “negligencia grave”. El propósito de estos daños es castigar al malhechor y desalentar dicha conducta en el futuro.

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SHOULD WE SHARE IN TORT REFORMERS’ PRIDE FOR THEIR CORPORATE IMMUNITY LAWS?

If you appreciate your constitutional rights, the answer is a resounding “No!”. Tort reform organizations like ATRA have successfully changed tort laws and tort related laws to shield and protect wrongdoers. The reformed laws and the implications of these reforms is that they created a corporate immunity not well understood by these organizations™ supporters. They only understand what they have been told. The comparison below will provide a glimpse into the propaganda and the real effect of tort reform. Tort reform’s real attack is on trial lawyers and their ability to make political contributions to democratic candidates. The casualties of this war as with any war – are the innocent victims who only seek compensation for their injuries and damages.

LAW ATTACKED

ATRA PROPAGANDA[1]

EXPLANATION OF AFFECT OF REFORM

JOINT AND SEVERAL LIABILITY ATRA supports replacing the rule of joint and several liability with the rule of proportionate liability. In a proportionate liability system, each co-defendant is proportionally liable for the plaintiff’s harm. For example, a co-defendant that is found by a jury to be 20% responsible for a plaintiff’s injury would be required to pay no more than 20% of the entire Settlement. More moderate reforms that ATRA supports include: (1) barring the application of joint and several liability to recover non-economic damages; and (2) barring the application of joint and several liability to recover from codefendants found to be responsible for less than a certain percentage (such as 25%) of the plaintiff’s harm. 

 

Joint and several liability is a theory of recovery that permits the plaintiff to recover damages from multiple defendants collectively, or from each defendant individually. In a state that follows the rule of joint and several liability, if a plaintiff sues three defendants, two of whom are 95 percent responsible for the defendant’s injuries, but are also bankrupt, the plaintiff may recover 100 percent of her damages from the solvent defendant that is 5 percent responsible for her injuries.

As with the violation of a criminal law, if the people hold up a store and one of them murders the clerk, all are responsible for the murder.

If 3 companies are involved in the act or circumstances that kill someone, why should one of the civil murderers escape from full liability?

The argument that holding all accountable in a civil case as is done in a criminal case imposes a hardship on all of the co-defendants because they perceive that are required to pay damages beyond their proportion of fault is senseless.

Thirty nine states have modified the rule of joint and several liability.

THE COLLATERAL SOURCE RULE The collateral source rule of the common law says that evidence may not be admitted at trial to show that plaintiffs’ losses have been compensated from other sources, such as plaintiffs’ insurance, or worker compensation. As a result, for example, 35% of total payments to medical malpractice claimants are for expenses already paid from other sources.

 

The collateral source rule of the common law says that evidence may not be admitted at trial to show that plaintiffs’ losses have been compensated from other sources, such as plaintiffs’™ insurance, or worker compensation. The real effect of this harshly unfair rule is this:

  1. if the dollar amount of medical care an innocent victim receives has a direct relationship to the amount of compensation that innocent victim can receive, and
  2. if the dollar amount of medical care incurred by an innocent victim for his medical care related to the incident is $20,000, and
  3. if the innocent victim’s insurance or other sources paid $15,000 of those medical bills, then
  4. the innocent victim can only use the remaining, unpaid $5,000 as a compensation measurement of the severity of his injuries, then
  5. the amount of compensation that the innocent victim can receive is drastically reduced and is not representative of the full extent and severity of his injuries and will not fully compensate the innocent victim.

Twenty-four states have modified or abolished the collateral source rule. Two states have had reforms struck down as unconstitutional and have not enacted additional reforms.

PUNITIVE DAMAGES Punitive damages are awarded not to compensate a plaintiff, but to punish a defendant for intentional or malicious misconduct and to deter similar future misconduct. While punitive damages awards are infrequent, their frequency and size have grown greatly in recent years. More importantly, they are routinely asked for today in civil lawsuits. The difficulty of predicting whether punitive damages will be awarded by a jury in any particular case, and the marked trend toward astronomically large amounts when they are awarded, have seriously distorted settlement and litigation processes and have led to wildly inconsistent outcomes in similar cases. ATRA recommends four reforms: 

Establishing a liability trigger that reflects the intentional tort origins and quasi-criminal nature of punitive damages awards – actual malice.

Requiring clear and convincing evidence to establish punitive damages liability.

Requiring proportionality in punitive damages so that the punishment fits the offense.

Enacting federal legislation to address the special problem of multiple punitive damages awards; This would protect against unfair overkill, guard against possible due process violations, and help preserve the ability of future claimants to recover basic out-of-pocket expenses and damages for their pain and suffering.

Punitive damages are awarded to compensate a plaintiff and in doing so, are designed to punish a wrongdoer and deter similar future misconduct. Punitive damages awards have become harder to obtain from juries and their size has greatly decreased because of tort reform propaganda and efforts. Where they were are routinely asked for in civil lawsuits, such is not the case today. Whether punitive damages will be received by any innocent victim first depends on whether the presiding judge will allow an evidence to support such an award, and then whether the damages will be awarded by a jury in any particular case, and then whether the judge will honor the jury’s decision if the jury does award punitive damages. Without the threat of punitive damages, wrongdoers are not deterred from similar future misconduct. 

Thirty-three states have reformed punitive damages laws. One state had reforms struck down as unconstitutional and has not enacted additional reforms.

NONECONOMIC DAMAGES ATRA believes that the broad and basically unguided discretion given juries in awarding damages for noneconomic loss is the single greatest contributor to the inequities and inefficiencies of the tort liability system. It is a difficult issue to address objectively because of the emotions involved in cases of serious injury and because of the financial interests of plaintiffs’ lawyers. Noneconomic damages are damage awards for pain and suffering, emotional distress, loss of consortium or companionship, and other intangible injuries. They are called œnoneconomic because they do not involve direct economic loss. Noneconomic have no precise value, and their value is left up to the jury to determine based on the facts of the injuries involved. A jury’s award of noneconomic damages is based on the evidence, and it the wrongdoer believes the award was excessive, it should look closely at the injuries it caused the innocent victim. 

Juries should have broad discretion in awarding damages for noneconomic losses as long as the evidence shows that the innocent victim suffered pain and suffering, emotional distress, loss of consortium or companionship, and other intangible injuries.

Twenty-three states have modified the rules for awarding noneconomic damages. Four states have had reforms struck down as unconstitutional and have not enacted additional reforms.

PREJUDGMENT INTEREST In the absence of an applicable statute or rule, the courts generally applied the traditional common law rule that prejudgment interest was not available in tort actions since the claim for damages was unliquidated. In an effort to compensate tort plaintiffs for the often-considerable lag between the event giving rise to the cause of action, or filing of the lawsuit, and the actual payment of the damages, many state legislatures have enacted laws that provide for or allow prejudgment interest in particular tort actions or under particular circumstances. In addition to seeking to compensate the plaintiff fully for losses incurred, the goal of such statutes is to encourage early settlements and to reduce delay in the disposition of cases, thereby lessening congestion in the courts. Although well-intended, the practical effects of prejudgment interest statutes can be inequitable and counter-productive. Prejudgment interest laws can, for example, result in over-compensation, hold a defendant financially responsible for delay it may not have caused, and impede settlement. 

At a time when policymakers are attempting to lower the cost of the liability system in an equitable and just manner, prejudgment interest laws that currently exist and new proposals should be reviewed to ensure that they are structured fairly and in a way designed to foster settlement. At a minimum, the interest rate should reflect prevailing interest rates by being indexed to the treasury bill rate at the time the claim was filed and an offer of judgment provision should be included.

Every single American citizen, corporations and business entity expects to receive interest on its money. They expect to receive interest on the money they have a right to while they are waiting to receive it. It should be no different for compensation for personal injuries: Innocent victims should be able to expect to receive interest on the money they have a right to while they are waiting to receive it whether prior to or after a jury verdict and judgment and until paid in full.

Neither pre or post judgment interest results in over-compensation. If the defendant had fairly and promptly evaluated and paid the innocent victim’s claims against it, there would be not necessitating the payment of interest on that money to the innocent victim.

When the wrongdoers stop expecting and receiving interest on the money they have a right to while they are waiting to receive it, then so shall their innocent victims on the wrongdoer’s compensation to them for their personal injuries.

Eighteen states have enacted prejudgment interest reforms.

PRODUCT LIABILITY Product liability law is meant to compensate persons injured by defective products and to deter manufacturers from marketing such products. It fails, however, when it does not send clear signals to manufacturers about how to avoid liability or holds manufacturers liable for failure to adopt a certain design or warning even if the manufacturers neither know, nor could have anticipated, the risk. Product liability law is meant to compensate persons injured by defective products and to deter manufacturers from marketing such products. It is the only action that sends any signal to manufacturers about how to avoid liability and to change its behavior and adopt certain designs, warnings or marketing practices that will prevent the risk of these injuries. Manufacturers know when their designs, warnings or marketing practices pose the risk of injury to their consumers. 

Twenty states have enacted laws specifically to address product liability. Three states have had reforms struck down as unconstitutional and have not enacted additional reforms.

CLASS ACTION REFORM Once considered a tool of judicial economy that aggregated many cases with similar facts, or similar complaints into a single action, class actions are now often considered a means of defendant extortion. Today, some class actions are meritless cases in which thousands, or millions, of plaintiffs are granted class status, sometimes without even notifying the defendant. In many of these cases, the victimized consumers often receive pennies, or nearly-worthless coupons, while plaintiffs’ counsel receives millions in legal fees. State class action reform can more equitably balance the interests of plaintiffs and the defendant. Class Actions serve as a tool of judicial economy because they bring the claims of all similarly situated innocent victims in one suit. The claim that Class Actions are a means of defendant extortion are nonsense, and the courts do not support that claim. The courts prefer the aggregation of claims into Class Actions to minimize the costs of litigation, unclog the courts’ case loads, and move the claims through the court system efficiently and economically. Contrary to ATRA and tort reform propaganda, meritless law suits are not filed.

Eleven states have reformed their laws pertaining to class actions

ATTORNEY RETENTION SUNSHINE In state recoupment litigation against the tobacco industry, most states retained plaintiffs personal injury lawyers on a contingent fee basis to assist them with their litigation. Unfortunately, many of these contracts, inked without competitive bidding, and with little or no outside oversight, were rife with political favoritism, inside dealing, and in at least one case, amid the stench of corruption.

Many of these billion-dollar fees (which bore little or no relation to the value of the work performed) are being strategically reinvested into the political process, and into still more litigation. Attorney sunshine legislation requires legislative approval of most large contingent fee contracts, and reasserts the legislature’s oversight of œregulation through litigation.

In state recoupment litigation against the tobacco industry, most states retained plaintiffs personal injury lawyers on a contingent fee basis to assist them with their litigation. Unfortunately, many of these contracts. This was necessary because the states attorney generals did not have the economic or staffing resources to fight the most powerful and successful defendant-litigant of all time. The states™ attorneys general hired teams of the best and most well funded law firms in their respective states to take on the tobacco industry, and battle that would take years and the investment many tens of millions of dollars with no guarantee of a return.

Republican politicians fought the receipt of the contracted for attorneys’ fees because they did not want those fees to end up in the campaign war chests of democratic challengers. They sought to void contracts, yet retain the benefit of the work and investment of the attorneys who performed and invested millions of their own money under those contracts. Attorney sunshine legislation is simply a republican political dam designed to prevent the best and most well funded lawyers from doing the work the states cannot do on their own, and from receiving the full benefit of the bargain contracted for in terms of contingency fee compensation and reimbursement of expenses. It requires republican dominated legislative approval of most large contingent fee contracts, and reasserts that same republican legislature’™s oversight of regulation through litigation.

Eleven states have adopted this proposal.

APPEAL BOND REFORM According to Lawyer’s Weekly USA, the total amount of 1999’s top ten jury verdicts was three times higher than 1998’s level, and 12 times higher than the 1997 total. While many of these verdicts are overturned or reduced on appeal, defendants in many states are required to post an appeal bond sometimes equal to 150 percent of the verdict in question. In an era when billion-dollar verdicts are no longer uncommon, appealing an outrageous verdict can force a company or an industry into bankruptcy. Appeal bond waiver legislation limits the size of an appeal bond when a company is not liquidating its assets or attempting to flee from justice. Appeal bonds must be sufficient to protect the party that prevails in a lawsuit during the appeal of the judgment it won. Appeal Bond waiver legislation limits the size of an appeal bond and jeopardized the innocent victims ability to be fully compensated years down the road when the appeals process is exhausted by the wrongdoer. Appealing a judgment is no less than delaying justice, and reducing appeal bonds to the point where they will not cover the entire verdict and all interest is no more than allowing a wrongdoer to flee from justice.

Thirty-nine states have adopted this proposal.

JURY SERVICE REFORM The right to a trial by a jury of one’s peers is one most Americans support and take for granted. Recently, however, our juries are becoming less and less representative of the community. Some studies indicate that up to 20% of those summoned for jury duty do not respond and some jurisdictions have an even higher no-show rate. Occupational exemptions, flimsy hardship excuses, lack of meaningful compensation, long terms of service and inflexible scheduling results in a jury pool that makes it difficult for working Americans to serve on a jury and disproportionately excludes the perspectives of many people who understand the complexity of issues at play during trial. ATRA supports legislation to improve the jury system so that defendants and plaintiffs alike receive a fair trial.

Eliminating occupational exemptions that give allow members of certain professions to opt-out from jury service.

Ensuring that only those who experience true hardship are excused from jury service.

Providing jurors flexibility in scheduling their service and guaranteeing potential jurors they will not spend more than one day at the courthouse unless they are selected to serve on a jury panel.

Protecting employees from any adverse action in the workplace due to their responding to a juror summons.

Establishing a lengthy trial fund, financed by a nominal court filing fee, to pay jurors who serve on long civil trials.

The right to a trial by a jury of one’s peers is one most Americans support and take for granted. Recently, juries have been tampered with and unduly influenced by tort reform propaganda. Juries are no longer the innocent victim’s peers. They have been jaded against every aspect of a civil suit, from a filed claim being presumed to be meritless and frivolous to the belief that the sustained physical and emotional injuries are nonexistent or if the exist, are overstated and exaggerated.

The propaganda has caused many Americans summoned for jury duty to not respond and serve. Occupational exemptions, flimsy hardship excuses, lack of meaningful compensation, long terms of service and inflexible scheduling results in a jury pool that makes it difficult for working Americans to serve on a jury. Those who show and serve do so because the have a politically charged axe to grind.

Fourteen states have enacted reform.


[1] ATRA Tort Reform Record 2011. ATRA stands for American Tort Reform Association.

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The Do’€™s and Don’€™ts of an Accident

If you are ever involved in an accident, there are certain things you should absolutely do, and some things you should absolutely not do. These things are extremely important, not just for your well-being, but also to help you should a claim need to be filed, regardless of the type of accident.

The DOs

DO seek medical attention immediately if you need it. This is the most important thing.

DO call the police. It is critical to get a police report.

DO get the names, addresses, phone numbers, insurance information and license plate numbers of every party involved in the accident.

DO get the name and address of the animal’s owner and any license information if you were injured by an animal bite or attack. Also, make sure to note the breed of animal and take pictures of the animal if possible.

DO get the names, addresses and phone numbers of every witness to the accident.

DO contact your own insurance company. That could include your auto insurance, your medical insurance or even, in some situations, your homeowner’s insurance.

DO take photographs of the accident. If it is an auto accident, take pictures of the vehicles and any visible injuries. If it is a slip and fall, take pictures of whatever caused the slip. If it is a dog bite, take pictures of the dog, the injuries and the area.

DO take detailed notes of what happened. Make sure you include every thought, feeling and impression you have. Include what you saw, heard, felt, smelled and experienced. Make notes of what happened before, during and after the accident.

DO contact Bailey & Galyen.

The Don’ts

DON’T move your vehicle after an automobile accident unless necessary for safety or required by law. Many cities now require that you move your vehicle from a roadway if possible.

DON’™T leave the scene of an accident until the police tell you it is okay to do so.

DON’T dispose of anything that might be evidence. This evidence could include car parts, bloodstained clothes or anything else that might help an investigator. It is better to collect more than you need and not use it than to not have something that would help your claim.

DON’T engage in discussions as to fault with anyone, and make sure you don’t apologize for anything it can be considered evidence that you were legally at fault.

DON’T agree to settlement terms without contacting your attorney.

If you follow this simple list of Do’s and Don’ts, you will be better able to help us, your attorneys, when you are ready to file your claim.

And, as always, if in doubt, call us.